La Comisión Europea ha dado razón a Marruecos a pesar de la postura del Polisario y los adversarios de su integridad territorial, por la adopción el lunes 11 de junio de un protocolo que incluye productos del Sahara marroquí en el acuerdo agrícola.
Tras la reunión del Colegio de Comisarios, la Comisión Europea adoptó un acuerdo en forma de canje de cartas de correspondencia entre Marruecos y la Unión Europea (UE), con vistas a otorgar aranceles preferenciales a los productos agrícolas y pesqueros importados por la UE desde el Sahara.
La Comisión Europea dijo en un comunicado de prensa que había adoptado el protocolo en cuestión después de extensas consultas con representantes electos, actores de la sociedad civil local y organizaciones relevantes en las provincias del sur del Sahara.
El acuerdo arancelario se extendió a los productos del Sahara, especifica la misma fuente, tiene como objetivo apoyar, según lo estipulado por el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), el desarrollo económico de las provincias saharianas, y esto de acuerdo con la posición de la Unión en el problema del Sahara.
El órgano ejecutivo de la UE, que admite abiertamente la naturaleza «seria y creíble» de la propuesta de autonomía marroquí para el Sáhara, ha cumplido su palabra al incluir al Sáhara en el acuerdo de asociación Marruecos-UE.
Por lo tanto, es un nuevo desaire que acaba de ser infligido por Bruselas al Polisario y las partes hostiles a la integridad territorial de Marruecos.
El 7 de junio, con ocasión de la «Gran Conferencia Interparlamentaria», el jefe de la División del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) del Magreb, Vincent Piket ya había reafirmado que «el Polisario no es el único representante de las poblaciones saharauis. No es reconocido por los Estados miembros. Es una realidad y un hecho político que no podemos negar «.
«El Tribunal de Justicia de la UE no ha dado en ningún momento razón al Polisario» en sus sentencias de 2016 y 2017, señaló Piket, asegurando que, por lo tanto, la UE como socio de Marruecos, «no puede en ningún caso concluir acuerdos con una entidad que no tenga una identidad legal, que no tenga personalidad jurídica y que ningún Estado miembro (de la UE) reconoce «.