Jóvenes parados saharauis en los campamentos de Tinduf que han perdido toda esperanza de un mañana mejor que los jefes del Polisario no dejan de prometerles durante cuarenta años, han tomado medidas drásticas últimamente.
Los jóvenes saharauis descontentos que se niegan a seguir aislados del resto del mundo en el abrasador desierto de Argelia, atacan ahora directamente las instituciones militares del Polisario y del ejército argelino.
Lo que reaviva la agresividad de estos jóvenes insurgentes es la condena, el 14 de septiembre, por el llamado tribunal militar del Polisario con sede en Rabuni de 9 saharauis originarios de las tribus Rguibat y Aït Oussa por un sea dicho tráfico de drogas mientras cuando en realidad trataban de unirse a Marruecos a través de Mauritania cruzando el desierto argelino.
En la noche del 14 al 15 de septiembre de 2015, un grupo de jóvenes que viajaban en vehículos todo terreno, irrumpieron y por primera vez en un puesto de control militar bajo el mando conjunto del Polisario y la gendarmería argelina .
El puesto de control atacado está en la llamada sexta zona militar del Polisario, en el campamento de «El Aaiún». Después de neutralizar a los dos centinelas que aseguraban la guardia del puesto fueron atados de manos y arrebatandoles sus armas de fuego, incluyendo una ametralladora Kalashnikov, los atacantes también lograron recuperar a su paso, muchas otras armas y municiones antes de huir a bordo de sus vehículos.
La milicia armada del Polisario llegado en refuerzo no pudieron hacerse con los atacantes para recuperar las armas robadas, incluso después de hacer una amplia batida en el campamento.
La misma región experimentó un incidente similar el 5 de septiembre de 2015, cuando el sempi-eterno jefe del Frente, Mohamed Abdelaziz, que estaba en una visita de inspección a la sexta zona militar del «ejército saharaui» fue molestado por soldados originarios en particular de la tribu Tekna. Protestaban contra la propagación de la corrupción en las estructuras militares del Polisario bajo el mando de Mohamed Lamine Bouhali, a quién acusan de haber acumulado enormes fortunas gracias a las actividades de contrabando y desvío de la ayuda humanitaria en detrimento de las precarias condiciones de vida de los habitantes de los campamentos.