El Ministerio español del interior ha officialmente reconocido que los 130 ciudadanos españoles originarios sobre todo de las islas Canarias, fueron asesinados en los años 70 y 80, por las milicias del Frente Polisario.
«La Ley 29/2009 ^les ha otorgado el mismo estatuto que aquel que ha sido consentido a otras víctimas del Terrorismo» especifica el ministerio en un comunicado de la ONU.
Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Canarias (ACAVITE) que sigue de cerca este asunt, dice que «el Frente Polisario rodeará ha matado a 300 ciudadanos españoles durante los años setenta y ochenta.
La presidenta de la ONG, con sede en Las Palmas, Lucía Jiménez quién perdió a su padre en las mismas circunstancias a indicado en el sitio español «el confidencial», que éste numero no es exhaustivo, asegurando que no ha podido » localizar las familias de todas las personas asesinadas».
Después de una reciente reunión en Las Palmas, un emisario español del Ministerio del interior con las familias de las víctimas, Jiménez juzga insuficiente el reconocimiento de las victimas por parte de las autoridades de Madrid especificando que las familias de las víctimas quieren que los autores de estos crímenes sean traducidos ante la justicia.
Lucía Jiménez también reveló que su asociación ha encargado al abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, para presentar una querella ante la audiencia nacional, el máximo tribunal de España, contra los dirigentes del Polisario por crímenes contra la humanidad.
Sin embargo, parece que el actual presidente del Consejo Municipal de las Islas Canarias y jefe de fila del partido populista, «Nueva Canarias», Antonio Morales tiene la memoria corta.
Recibiéndo recientemente en la casa de Palacio, en Las Palmas, a un grupo de niños llegado de los campamentos saharauis de Tinduf para unas «Vacaciones en paz» el responsable canario ha tomado a ultranza la defensa la defensa de las tésis separatista del Polisario y se ha librado a un requisitorio incendiario y lleno de animosidad contra Marruecos y de su integridad territorial.
Declaró por la ocasión que «el consejo municipal asi como el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias apoyaran al pueblo saharaui» mostrando abiertamente el «apoyo» inquebrantable de las Islas Canarias al «derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación» en provecho de estos aunque la ACAVITE busca perseguirlos por crímenes contra la humanidad.