España hará oficialmente el 1 de enero de 2015, su entrada en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente, y su posición en el espinoso tema del conflicto del Sáhara Occidental es muy esperado en las altas esferas de la diplomacia marroquí.
Menos de dos semanas antes de esa fecha, el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo se muestra tranquilizador, diciendo que su país, una vez en el Consejo de Seguridad, defenderá una «solución política aceptada» y no «impuesta por la fuerza a Marruecos y el Polisario» sobre el futuro del Sáhara Occidental, que ambas partes se disputan la soberanía desde hace cuarenta años.
Respondiendo a la Cámara Baja española a una pregunta de un representante del Partido Nacionalista Vasco (PNV), muy cercano del Polisario, Margallo reiteró la posición de España que defiende, ¿ha dicho, una «solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable «, excluyendo cualquier otra solución impuesta.
El ministro de asuntos exteriores, dijo ante el parlamento español que el tema de la disputa territorial sobre el Sáhara Occidental, «no podía ser militar o impuesto por la fuerza», sino que requiere la plena adhesión «de ambas partes.»
El conflicto que duró «mucho tiempo» y «sigue causando sufrimiento y obstaculiza la integración del Magreb», señaló, y agregó que el gobierno de Rajoy seguirá apoyando «los esfuerzos del Secretario General de la ONU y de su enviado personal en la zona».
La semana pasada, un think-tank español ha pedido a las autoridades de su país de previlegiar el desarrollo económico, político y de seguridad a los factores emocionales. Madrid siempre habla del Polisario y nunca de Argelia, que es parte involucrada en el conflicto del Sáhara.
En un informe dedicado en parte a la disputa entre Marruecos y Argelia a través del Polisario, el Instituto Español «El Cano» ha invitado Madrid a apoyar la propuesta de autonomía presentada por Marruecos en 2007.
En el contexto actual, El Cano argumenta, que sería imposible organizar un referéndum en el Sahara. El grupo de expertos cree que la posición de España obedece màs a «los factores legales y emocionales que a los intereses económicos, políticos y de seguridad.»